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miércoles, 13 de junio de 2012
sábado, 26 de marzo de 2011
Juan Carlos Casariego de Bel Desaparecido el 15/6/77
Juan Carlos Casariego era un alto funcionario del Ministerio de Economía, donde se ocupaba de inversiones extranjeras. Se oponía a firmar documentos relacionados con la compra, por parte del Estado, de la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIADE), la que consideraba valer muchas veces menos que el precio de venta. Antes de ser ministro de economía, Martínez de Hoz había sido el presidente de tal firma. Luego de la desaparición de Juan Carlos, el estado compró la firma.
Juan Carlos fue detenido-desaparecido el 15 de junio de 1977 en el marco de una supuesta investigación sobre el financiamiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue torturado junto con los también desaparecidos editor periodístico Rafael Perrota y contador Julio Gallego Soto.
En el año 2008, el gobierno federal pidió la detención de Martínez de Hoz por su participación en la desaparición de Juan Carlos.
Semblanza de un gallego desaparecido durante la dictadura argentina
Juan Carlos Casariego de Bel nació el 5 de diciembre de 1922 en Ribadeo, provincia de Lugo. Era hijo de Antonio Casariego, oriundo de Tapia de Casariego, Asturias, y de María de Bel nacida en Agudelo, provincia de Lugo.
"Mi papá llegó a Argentina desde Galicia a los siete años con su madre y tres hermanos, su padre había muerto. Mi padre era el menor y como se acostumbraba en esa época, los hermanos mayores trabajaron y le dieron a él la oportunidad de estudiar y recibirse de abogado", expresa María, su hija.
Juan Carlos se casó muy joven y de esa unión nacieron tres hijos. Años más tarde se separó de su primera esposa y en 1956 contrajo matrimonio en México –pues en Argentina no existía el divorcio- con Alicia de Gainza, con quien tuvo una hija, María, que vino al mundo en 1958. Al principio vivieron en Capital Federal, luego se mudaron al Partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. En 1963 Juan Carlos sufrió un ataque de hipertensión arterial muy grave y permaneció dos años sin trabajar. "Se recuperó porque era muy joven, tenía 40 años", señala María.
A causa de su enfermedad decidieron mudarse a la ciudad de Buenos Aires. Se instalaron en la calle Aráoz 2916, domicilio en el que vivía cuando desapareció.
Su hija cuenta una anécdota que define el carácter gallego de Juan Carlos. "Un día cuando era pequeña me contó que la Isla de Pascua pertenecía a Chile y que una escultura que había en nuestra casa provenía de ese lugar –papá había viajado allí cuando era joven-. Luego me preguntó: ´¿dónde está la Isla de Pascua? Y yo le contesté: ´no sé´. Él se puso serio y me dijo: ´es muy grave no escuchar a alguien cuando te habla´ y estuvo una semana sin dirigirme la palabra. Así como era extremadamente afectuoso conmigo también podía tener estas reacciones".
La implementación de un modelo económico que provocó un fuerte retroceso del país
Aunque inauguró un largo periodo de atraso para Argentina, el programa económico del gobierno militar anunciado por Martínez de Hoz tuvo un amplio respaldo de las organizaciones internacionales y de las cámaras empresarias del país. Tan solo tres días después del golpe el FMI aprobó un demorado crédito por más de 100 millones de dólares para ´estabilizar´ la situación cambiaria que venía decayendo por la fuga de capitales, preparatoria del golpe. Un mes después, un grupo de bancos otorgó al gobierno de facto un préstamo de 300 millones de dólares, más 350 millones en renovación de vencimientos del sector público. En agosto del mismo año, el FMI aprobó otro crédito por 260 millones de dólares, "el mayor acordado hasta ese momento a un país latinoamericano", según consta en la Memoria del Banco Central de 1976. A mediados de septiembre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de 750 millones de dólares como parte de un paquete de 2.500 millones de dólares. Por su parte, las cámaras empresarias, con excepción de la intervenida Confederación General Económica (CGE) y la Confederación Industrial Argentina, respaldaron a la nueva conducción económica. Un mes antes del golpe casi todas las representaciones empresarias se habían agrupado en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) que impulsaron y ejecutaron el 16 de febrero un paro empresario.
Esa fue la prueba que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Las primeras medidas de Martínez de Hoz fueron contundentes: congelamiento de salarios por tres meses, devaluación del peso y eliminación de los controles de precios, que se complementaron con la disolución de la Confederación General del Trabajo (CGT), la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, que resultaron en una caída del salario real del 30%. Martínez de Hoz puso en marcha una reforma financiera con la liberalización de las tasas de interés que rondaba el 150 % anual con una garantía del Estado sobre los depósitos. Esa reforma impulsó la especulación. Se duplicó el numero de bancos, que pasaron a competir sobre la base de un respaldo ficticio por quién ofrecía la mayor tasa de interés. Se impulsó la entrada de capitales especulativos de corto plazo que obtenían una amplia ganancia en dólares. Esto estaba reforzado porque el endeudamiento con el exterior se hizo a través de las empresas públicas, que pasaron a ser fuertes demandantes del crédito bancario, aumentando la tasa de interés en forma exorbitada. Entre 1975 y 1982 la deuda externa aumentó de 8.000 millones a 43.000 millones de dólares. En 1982 Domingo Cavallo al frente del Banco Central transfirió deudas de empresas por 15.000 millones de dólares en lo que se conoció como la estatización de la deuda privada.
Juan Carlos atrapado por negarse a firmar negociados del Ministerio de Economía que perjudicaban al país
Juan Carlos llevaba más de 30 años trabajando en la administración pública nacional, primero en la Dirección General Impositiva y luego en el Ministerio de Economía, además de dedicarse a su profesión de abogado.
Cuando se produce el golpe de Estado de marzo de 1976 se desempeñaba como director de Inversiones Extranjeras en el Ministerio mientras José Alfredo Martínez de Hoz era ministro de Economía y Guillermo Walter Klein su secretario.
"Luego de la implantación de la dictadura, comenzaron a atacar a mi padre desde diferentes flancos porque él se oponía a firmar varios negocios sucios que perjudicaban al país a favor del establishment económico de la época. Lo que más disgustó a sus superiores fue su negativa a firmar la compra de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE)- encargada de proporcionar electricidad a Capital Federal y el Gran Buenos Aires- a la Multinacional Suiza Motor Columbus, de la que hasta entonces había sido director el ministro Martínez de Hoz", recuerda María.
En este caso, el presidente de facto Jorge Rafael Videla y Martínez de Hoz dispusieron comprar en 394. 500 millones de dólares la compañía Ítalo-Argentina cuando en realidad el precio que debió haberse pagado era muy inferior pues era una empresa obsoleta y endeudada, según se determinó posteriormente. Esta transacción se convirtió en escándalo para Martínez de Hoz. La correspondencia privada del por entonces embajador argentino en Suiza, Luis María de Pablo Pardo, reveló la existencia de una negociación secreta para lograr que el gobierno pagara un buen precio por la compañía eléctrica.
"Papá no estaba de acuerdo con el vaciamiento que se estaba haciendo del país y no lo ocultaba, él era muy inteligente, sabía que resultaba peligroso negarse a firmar contratos que implicaban intereses de gente muy poderosa. Tenía ideas socialistas y aunque no participaba en ningún partido político, era muy jugado ideológicamente", reconoce María.
La lucha por salvarlo
Juan Carlos desapareció el 15 de junio de 1977. "Ese día mi padre nos llamó para decirnos que iba a llegar más tarde a casa porque tenía una reunión en el despacho de Guillermo Walter Klein a las 20:30 pero nunca más lo volvimos a ver. A la mañana siguiente recibimos una llamada telefónica en la que nos pedían un rescate de 50.000 dólares para hacernos creer que era un secuestro extorsivo. Mamá solicitó una prueba de vida para asegurarse que estaba vivo y empezó una semana de negociaciones, primero pidieron que yo, que tenía 17 años, fuera sola a un bar ubicado en Quintana y Libertad de la Capital Federal para buscar la prueba de vida. Me dijeron que debía entrar al baño, desarmar la llave de luz y allí encontraría un papelito con un mensaje suyo, pasé momentos terribles pero no encontré nada. Cuando regresé a casa volvió a sonar el teléfono y esta vez dijeron que hice todo bien pues fui sola y no había avisado a la policía. Luego me pidieron que volviera al mismo bar y desarmara el botón del inodoro; lo hice y encontré una medallita que papá llevaba colgada en el llavero y la página de un diario del día con anotaciones suyas. Al mismo tiempo se realizó una colecta entre los amigos pero no llegábamos a la cifra que exigían, mi madre siguió pidiendo pruebas de vida. La última cita fue en la estación de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde encontré un recorte en la llave de luz del baño; cuando vi la letra de mi padre me angustié mucho porque me di cuenta que estaba destruido: papá era hipertenso grave y hacía varios días que no tomaba la medicación. Después de ese día no recibimos más llamadas telefónicas ni supimos nada de él", rememora angustiada.
A partir de ese momento María acompañó a su mamá Alicia a innumerables dependencias policiales, militares y judiciales, incluso llegaron a entrevistarse con el general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante en jefe del Primer Cuerpo de Ejército. "Entramos a su oficina y nos estremecimos porque mientras hablaba con nosotras tenía entre sus dedos una enorme araña de goma, que movía de un lado al otro. En esa oportunidad nos dijo que no sabía nada y luego nos enteramos que mi padre había estado en el centro ilegal de detención que él comandaba.
Presentamos varios hábeas corpus y no tuvimos ningún resultado, además los diarios no nos publicaban ninguna información sobre el caso. Logramos, a través de conexiones de mi madre, que el diario La Prensa publicara el hábeas corpus, aunque no la noticia del secuestro porque lo tenía prohibido. En otros medios nos dijeron que éste era uno de los 21 temas que no se podían publicar, esa es una de las pruebas que tengo de que su desaparición no fue ajena a su trabajo", explica. Y continúa: "Además siempre nos llamó la atención que sus jefes inmediatos, Walter Klein y Alfredo Martínez de Hoz, no hiciesen ninguna gestión o denuncia ante la desaparición de un funcionario de carrera y colaborador como mi padre".
Existen otros casos de secuestros y muertes relacionados con la compra de la Ítalo-Argentina durante ese período. En 1985, Carlos Alberto Alvarado, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía mientras se negociaba el asunto Ítalo, declaró bajo juramento ante la comisión que investigó el caso que Aurelio Cid, subsecretario de Klein, fue secuestrado y permaneció un año preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y Miguel Padilla, que lo sucedió en el cargo, fue asesinado. Ambos casos, sin aclarar aún, permiten inferir que Martínez de Hoz no era ajeno a los hechos y que la oscura negociación del caso Ítalo sólo podía hacerse al margen de la ley.
Treinta años después
Las secuelas de la economía de la dictadura siguen marcando la vida de millones de argentinos. La deuda externa, que se quintuplicó en aquel período se fue potenciando hasta estallar en diciembre de 2001. La inflación continuó en niveles elevados y no pudo ser dominada. Los niveles salariales, que 1976 se redujeron en un 30%, siguieron cayendo y la distribución del ingreso se hizo cada vez más regresiva: de participar en casi un 50% del Producto Bruto Interno, ahora los trabajadores no alcanzan el 30%.
El 18 de julio de 2006, la Federación de Sociedades Gallegas de Argentina, acompañada de la Confederación Intersindical Gallega presentó una querella ante el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Daniel Rafecas para imputar a civiles y militares por la desaparición de doce ciudadanos gallegos en el marco de la causa en la que se investigan los secuestros producidos dentro del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura que asoló al país desde 1976 a 1983. Entre las víctimas se encuentra Juan Carlos Casariego de Bel.
En tanto, el 8 de septiembre de 2006 María Casariego se presentó como querellante ante el mismo Juzgado para involucrar a civiles y militares y especialmente a José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein por la desaparición de su padre Juan Carlos Casariego. La presentación se realizó tres días después de que el juez federal Norberto Oyarbide anulara y declarara inconstitucionales los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem en 1990 al presidente del gobierno de facto Jorge Rafael Videla, a Martínez de Hoz y al ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim en 1976.
Semblanza extraída del libro ´Galegos vítimas do xenocidio arxentino´
Autores: Mónica Lázaro Jodar y Lois Pérez Leira
Bauprés ediciones – Vigo, Galicia - Febrero de 2007
Autores: Mónica Lázaro Jodar y Lois Pérez Leira
Bauprés ediciones – Vigo, Galicia - Febrero de 2007
Un Proyecto Para No Olvidar - Parque de la Memorias
El proyecto Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado surgió como una iniciativa de diez organismos de Derechos Humanos, que fue presentada a los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de diciembre de 1997. El apoyo fue inmediato. A partir de esa fecha, comenzó un trabajo incesante, que constituyó una experiencia inédita de participación de distintos sectores para la concreción de un objetivo común. El proyecto se convirtió en ley el 21 de julio de 1998. La Ley 46 de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada con el voto favorable de 57 legisladores, dispuso la construcción del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
Esta ley también le otorgó un marco institucional a las tareas ya iniciadas con la creación de la Comisión pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, integrada por representantes de diez organismos de derechos humanos, once legisladores –respetando la proporción de los bloques en la Legislatura–, cuatro funcionarios de las áreas del Gobierno de la Ciudad involucradas en el proyecto y un representante de la Universidad de Buenos Aires. Esta Comisión fue la encargada de convocar y organizar el concurso de esculturas “Parque de la Memoria”.
Con la promulgación de la Ley 3.078 del 3 de julio de 2009, esa Comisión fue reemplazada por el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que está integrado por un representante por cada una de las siguientes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Derechos Humanos, Cultura, Educación y Espacio Público y Medio Ambiente; un representante por la Universidad de Buenos Aires y un representante por cada uno de los diez organismos de derechos humanos involucrados. Asimismo es administrado por un Director Ejecutivo.
El 7 de noviembre del año 2007 se inauguró oficialmente el Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, con la presencia de autoridades locales y nacionales, entre ellas el Presidente de la Nación.
El conjunto Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado es un espacio público de una extensión de 14 hectáreas, emplazado en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la franja costera del Río de la Plata adyacente a la Ciudad Universitaria. Tal como fue concebido por sus autores, el Estudio Baudizzone-Lestard-Varas y los arquitectos asociados Claudio Ferrari y Daniel Becker, alberga el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, un conjunto de obras escultóricas y la sala PAyS (Presentes Ahora y Siempre), centro de información sobre las víctimas y sala de actividades artísticas y culturales.
El Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado se levanta frente al Río de la Plata, porque a sus aguas fueron arrojadas muchas de las víctimas. Este lugar de memoria no pretende cerrar heridas ni suplantar la verdad y la justicia. Nada devolverá la paz real a los familiares que no han podido conocer el destino final de sus seres queridos, salvajemente torturados y asesinados, ni nada reemplazará el vacío social que dejó su ausencia.
El Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado es un lugar de recuerdo y de testimonio, porque allí están los nombres de esos seres a los que se quiso borrar. Ellos estarán presentes en la evocación que se haga de sus vidas truncadas y en el permanente homenaje a los ideales de libertad, solidaridad y justicia por los que vivieron y lucharon. Las generaciones actuales y futuras que lo visiten se enfrentarán allí con la memoria del horror cometido por el Estado y tomarán conciencia de la necesidad de velar por que NUNCA MÁS se repitan estos hechos.
El ejecutor del plan económico de Videla
Juan Carlos Casariego de Bel era abogado, funcionario de carrera del Estado y director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz a partir de la dictadura. El 15 de junio de 1977, Casariego de Bel llamó a su casa para avisarle a su mujer que esa noche volvía más tarde: tenía una reunión a las 20.30 en el despacho del secretario de Planificación Guillermo Walter Klein, en medio de las negociaciones por la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad SA (Italo). Casariego de Bel era una figura clave en la negociación y su firma frenaba una operación millonaria. Pero luego de aquel llamado su familia no volvió a verlo.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hoy se presentará como querellante del caso, conocido como la “causa Italo”. Pedirá en el juzgado de Daniel Rafecas la detención e indagatoria para Martínez de Hoz, Klein y Juan Alemann como cómplices o responsables del presunto delito de asociación ilícita y homicidio calificado del ex funcionario.
Luis Eduardo Duhalde anunció la decisión de su secretaría ayer, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia. Además, estuvo su segundo Luis Hipólito Alen y María Casariego de Gainza, la hija de la víctima.
“En casa mi papá no hablaba de Martínez de Hoz, pero sí de la política económica”, dijo ella a Página/12. “En cuanto a la negociación nos mencionó que se estaban sobrefacturando los gastos, que para él ocho millones de dólares era lo máximo que se podía pagar por las instalaciones y las indemnizaciones, pero al final se pagaron 394 millones.”
Las tratativas por la Italo empezaron durante la dictadura, cuando se decidió re-estatizar la compañía de electricidad a un precio millonario, y cuando sólo faltaba un año para el vencimiento de la concesión y, por lo tanto, de las obligaciones del Estado. En ese contexto, Casariego de Bel debía firmar los documentos que avalaran la pretensión de la firma de aparecer como una sociedad argentina, pero de capitales extranjeros pese a que no lo era.
Un informe de la Comisión de Investigación de la Trasferencia, elaborado por la Cámara de Diputados de la Nación, en 1985 fue la base que usó la Secretaría de Derechos Humanos para documentar la información.
En ese momento, la Comisión explicó que todo empezó en 1975 cuando un dictamen del procurador del Tesoro Edgar Sá pidió la nulidad de la concesión y la intervención de la compañía. La solicitud dio origen al decreto 648/76 que puso en marcha todo el proceso.
Martínez de Hoz fue presidente de la Italo hasta el 28 de marzo de 1976 y luego asumió como ministro. Klein asumió como secretario de Planificación Económica y Juan Alemann como secretario de Hacienda. Bajo esa nueva cúpula, el ministerio creó comisiones para evaluar condiciones y el monto. Luego de un año, el decreto 977/79 aprobó emisiones de bonos de la Argentina y de letras para la operación por un precio final de 394 millones dólares contra 75 millones de la oferta oficial.
Argentina pagó con bonos en francos suizos de la Unión de Bancos Suizos. El representante de esa Unión era Roberto Alemann, hermano del secretario de Hacienda y ministro a su vez de futuros períodos de la dictadura. Según la denuncia, la entidad también era accionista de la Italo. Es decir, que todos ellos están acusados de haberse pagado a sí mismos como si hubiesen estado de uno y del otro lado del mostrador.
Casariego de Bel era una pieza en todo eso: había sido nombrado director del Registro de Inversiones Extranjeras. Tenía 54 años; desde los 24 había trabajado en la administración pública y luego de su desaparición, ni Martínez de Hoz ni Klein recibieron a su mujer o a su hija.
“Claramente, Casariego de Bel desapareció como consecuencia de su negativa a avalar documentos que favorecieran la posición de la Italo”, dijo Duhalde en su presentación. “Toda la operativa fue producto de un complot urdido por personajes vinculados con la Italo que aprovechando sus cargos en el gobierno de la dictadura forzaron la aprobación de un acuerdo que solo trajo beneficios al grupo económico al que pertenecían.”
Martínez de Hoz tiene otras dos causas. Una en el juzgado de Ariel Lijo por su participación en el golpe de Estado junto a la cúpula militar; otra en el juzgado de Norberto Oyarbide que dictó la inconstitucionalidad del decreto de indulto, una medida que fue apelada por la defensa y ahora está en manos de la Cámara Federal. La causa de Rafecas por el caso Italo se inició por la presentación de las comunidades gallegas en el país, dado que Casariego era de España y ahora está reforzada por esta presentación.
Para que Martínez de Hoz se calce el traje a rayas
Por Victoria Ginzberg
Juan Carlos Casariego de Bel era abogado y desde los 24 años trabajó en la administración pública, primero en la DGI y después en el Ministerio de Economía. En marzo de 1976 se desempeñaba como director de Inversiones Extranjeras en esa cartera y allí estuvo hasta el 15 de junio de 1977, cuando desapareció. El caso, que involucra al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, fue presentado ayer ante la Justicia junto con los de otros once ciudadanos de origen gallego.
Para la familia y los representantes de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina –que formalizaron la denuncia ante el juez federal Daniel Rafecas– Martínez de Hoz no pudo ser ajeno al secuestro de Casariego de Bel.
El funcionario desapareció luego de negarse a firmar la compra de la compañía privada de electricidad Italo-Argentina a la multinacional Suiza Motor Columbus. El precio que el dictador Jorge Rafael Videla y el ministro fijaron para la transacción era 394.500 millones de dólares, muy superior al que se debía habar pagado.
El día de su desaparición, Casariego de Bel llamó a su casa para avisar que tenía una reunión en el despacho del secretario de Economía Guillermo Walter Klein. Pero nunca lo volvieron a ver. Su esposa Alicia y su hija María presentaron un hábeas corpus y llegaron a entrevistarse con el represor Carlos Guillermo Suárez Mason, pero no obtuvieron respuesta. Sólo recibieron un llamado pidiendo un rescate que terminó en la nada, aunque en el camino les dejaron un diario del 18 de junio de 1977 con un mensaje de puño y letra de Casariego de Bel: “Alicia, estoy bien. Para ti y María besos y besos”.
Este caso no es el único que puede comprometer al ex ministro de Economía. El juez federal Norberto Oyarbide está estudiando anular el indulto que recibió Martínez de Hoz por los secuestros de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim, por los que ya estuvo procesado. Esa medida podría llevar al artífice del plan militar de la dictadura tras las rejas.
El caso del funcionario de Economía fue uno de los 12 ciudadanos de origen gallego presentados ayer. Los otros son los de Miguel Angel Castiglioni Cornes, Alberto Horacio García López, Alicia Raquel D’Ambra Villares, Urbano López Fernández, Manuel García Aguirre, Jaime Emilio Lozano Nieto, Inés Ollero, Ramón García Ulloa, Dolores Pilar Iglesias, Manuel Ramón Suoto Leston y Ernesto Fernández Vidal.
Rafecas deberá establecer ahora si todos los secuestros ocurrieron en el ámbito de su competencia, es decir, el Primer Cuerpo de Ejército. El caso de Ollero, por ejemplo, podría ser remitido al juez Sergio Torres, ya que involucra a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las desapariciones de los ciudadanos gallegos fueron denunciadas por Francisco Lores Mascato y Luis Fernández Ageitos, presidente y secretario de la Federación de Asociaciones Gallegas, que estuvieron acompañados en el juzgado de Rafecas por miembros de organismos de derechos humanos y Fermín Paz y Luis Pérez Leira, de la Confederación Intersindical Gallega.
Los secuestros de los gallegos estaban siendo investigados por el juez español Baltasar Garzón en la causa por genocidio y terrorismo contra militares argentinos. Con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, la denuncia regresó a Buenos Aires. “Es un aporte solidario con el pueblo argentino, dado que en España eso es caso terminado, aunque falta el juicio a (Ricardo Miguel) Cavallo. Queremos apoyar lo que se está haciendo ahora en Argentina”, señaló a Página/12 Luis Pérez Leira, responsable de migración de la Confederación Intersindical Gallega.
Para Pérez Leira fue significativo que la querella se presentara ayer: se cumplen 70 años del golpe que dio inicio a la Guerra Civil y a la dictadura de Franco. En Galicia hubo 30 mil asesinados, como hubo 30 mil desaparecidos en Argentina. Muchos gallegos que huyeron se exiliaron en Argentina y sus hijos y nietos fueron algunos de los desaparecidos.
Las Madres de Plaza de Mayo condenaron a reclusión perpetua a Martínez de Hoz
A falta de un proceso judicial, en un juicio simbólico realizado en la Plaza de Mayo, un jurado integrado por las Madres resolvió declarar "culpable" al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, por los delitos de "genocidio" represivo y económico, y lo condenó a la pena de "reclusión perpetua por tiempo indeterminado".
Martínez de Hoz está imputado en una causa que investiga el secuestro, en 1976, de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, detenidos el 5 de noviembre de 1976 por decreto del Poder Ejecutivo, según recordó el abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Pugliese, quien hoy actuó como fiscal en el juicio ético al ex funcionario de la dictadura, en Plaza de Mayo.Según detalló el letrado, "la detención de Federico y Miguel Gutheim fue paralela al intento de Martínez de Hoz de concretar en China un intercambio con empresarios ingleses y del país asiático, en el que los Gutheim no querían participaLos Gutheim estuvieron detenidos en el Departamento Central de la Policía Federal y en la cárcel de Caseros más de cinco meses y los liberaron el 6 de abril de 1977. En 1985 prestaron testimonio en el histórico Juicio a las Juntas Militares.Otra causa que se imputa al ex ministro de Economía es la llamada "causa Olmos", que denuncia la "ilegalidad" de la deuda externa asumida por la dictadura militar durante la gestión de Martínez de Hoz y que, tras prescribir, fue remitida al Congreso de la Nación, sin que hasta ahora éste se haya pronunciado.Por último, existe otra causa que tiene que ver con el intento de estatización de la empresa Italo Argentina de Electricidad durante la gestión de Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura. "El funcionario que se opuso a esta iniciativa de estatización, el español Juan Carlos Casariego de Bel, director de Inversiones Extranjeras, desapareció la noche del 15 de junio de 1977, y nunca más se supo de él", relató Pugliese. Agregó que "la empresa Italo tenía un valor de diez millones de dólares, y se la intentaba comprar en 400 millones".Además de estas causas, a Martínez de Hoz se lo considera igual de responsable de los delitos de lesa humanidad por los que fueron condenados los jefes de la Junta Militar.
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